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La diferenciación social vertical Featured

Diego Jiménez

"La burguesía en el poder, tremendamente refractaria a la llegada masiva al sistema educativo de individuos procedentes de las clases subalternas, hará lo imposible por dificultar el acceso de éstos a los puestos de dirección y mando"

Parece fuera de toda duda que el reciente escándalo de los másteres, amén de una demostración más de la corrupción que anida en la política y también en parte de la Universidad, no es sino una cortina de humo para suplir, por un lado, la falta de soluciones reales a los problemas que de verdad aquejan a la ciudadanía española y, por otro, para seguir abonando el terreno de las disputas partidistas. No es menos cierto, además, que los másteres son la expresión de algo que no suele aflorar en el debate público: el deseo de muchos de, en una época en que aparentemente se ha producido la universalización de la educación, seguir manteniendo esa diferenciación social 'vertical', cosa de la que hablaremos abajo, deseo de distinción que afecta por igual a los políticos de uno y otro signo, como lo demuestran los casos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, pero también de la exministra Carmen Montón. Este interés de muchos dirigentes de situarse por encima del común de los mortales (recurriendo en esta ocasión a la exhibición de títulos de dudoso origen) hunde sus raíces en nuestra Historia más reciente. Por ello me van a permitir que les recuerde algunas evidencias.

Si, ateniéndonos al análisis marxista, concluimos que el Estado capitalista y sus órganos de control son la expresión del poder de clase de la burguesía, parece claro que ésta utilizará todos los resortes a su alcance para distanciarse de las clases populares y dificultarles el acceso a los puestos de dirección y de la política. En el fondo, es una expresión más de la lucha de clases. Los mecanismos que se emplean para ello han venido de la mano históricamente de actuaciones en el campo de la misma política y, de otro lado, en el de la educación. Por partes:

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 que surgió de aquéllas constituyen el inicio de la siempre inacabada revolución burguesa en nuestro país, pero ya en su origen y composición aquellas Cortes, por ser precisamente la expresión del poder de clase de la burguesía, excluyeron a los sectores populares (artesanos, campesinos, etc.), no sólo en los debates sino en la elegibilidad: si bien el sufragio se extendió a los hombres mayores de 25 años, sólo podían ser elegibles quienes tributaran una cierta cantidad a Hacienda. Esa exclusión se consolidó durante la Regencia de María Cristina con el Estatuto Real de Martínez de la Rosa de 1834: el cuerpo electoral quedó reducido ¡a 12.000 personas!, sobre una población de doce millones de habitantes. Hubo que esperar a 1890 para que el liberal Práxedes Mateo Sagasta impulsara el sufragio universal, y a 1931 para que se aprobara el voto femenino, como es sabido.

Pero no menor importancia ha tenido, y tiene, la diferenciación social 'vertical' de las clases dominantes a través de la educación. A este respecto, el sociólogo Mariano Fernández Enguita, en un libro editado hace 23 años pero de plena actualidad ( La escuela a examen, Pirámide, 1995), nos recuerda que los individuos buscan diferenciarse de los demás con mayores niveles educativos, hasta el extremo de que cuando en España no se pasaba de la enseñanza primaria, tener un título de bachiller ya era una garantía; cuando la mayoría tuvo el bachiller, hubo que distinguirse mediante una licenciatura; después, con el doctorado, y (añado yo) hoy, en que una diplomatura está devaluada, hay que conseguir un máster a cualquier precio. Además, a esa diferenciación han contribuido todos los Gobiernos (recordemos que los conciertos educativos arrancaron con el PSOE), consolidando una red paralela de centros privados, muchos de ellos elitistas.

La importancia de la educación como mecanismo de ascenso en la escala social es tal que la burguesía en el poder, tremendamente refractaria a la llegada masiva al sistema educativo de individuos procedentes de las clases subalternas, hará lo imposible por dificultar el acceso de éstos a los puestos de dirección y mando. De ahí la ofensiva privatizadora, tendente a consolidar una educación más elitista y cara; de ahí los recortes educativos; de ahí la política de restricción de becas.

Pero la pugna continúa porque, pese a sus intentos, las clases dominantes no pueden impedir que muchos chicos y chicas de las clases populares, que han asimilado lo que Fernández Enguita denomina identificación instrumental con el sistema educativo mediante una estrategia de acomodación, puedan acceder a las titulaciones y másteres (si bien es cierto que con un mayor esfuerzo económico) en plano de igualdad con los hijos de las familias ricas. De ahí que entonces surja la corrupción en el sistema, y afloren las titulaciones de dudoso origen concedidas a los retoños de aquéllas, pues en una época en que, como hemos visto, pese a las trabas impuestas a las clases más humildes, sus hijos e hijas han podido emanciparse de las tinieblas de la ignorancia en que vivieron sus mayores, las élites dirigentes necesitan seguir consolidando mecanismos de diferenciación vertical: los másteres, regalados precisamente a quienes más énfasis ponen en la defensa de la cultura del esfuerzo y del mérito. Y es que el cinismo no tiene límites.

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