"Hay que denunciar el incumplimiento del Gobierno regional, y de ayuntamientos como el de Murcia, del nuevo Plan Estatal de Vivienda por el que el Estado pagaría el 50% del alquiler a menores de 35 años"

Parece fuera de toda duda que el tema de la vivienda es un asunto prioritario, un problema social de primer orden, derivado no sólo de la crisis económica que golpea a los sectores sociales más débiles sino también del reiterado incumplimiento por los poderes públicos de ese derecho constitucional (artículo 47 de nuestra Carta Magna).

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Hasta la crisis financiera de 2007, los ´fondos buitre´ estaban asociados a los países del Sur y a la especulación sobre los mercados de las deudas soberanas. Pero, al aflorar las deudas privadas ligadas a la crisis, esos fondos buitre aprovecharon la oportunidad para recomprar, en España y otros países de Europa (por ejemplo, Irlanda), a precio de saldo, las deudas impagadas para conseguir beneficios a corto plazo. Situación derivada de tres factores: 1. Los prestatarios víctimas de la crisis fueron incapaces de reembolsar sus préstamos. 2. El valor de las propiedades cayó en picado. 3. Los fondos buitre, como se ha dicho arriba, compraron a los bancos sus créditos dudosos, los llamados ´activos tóxicos´. Se estima que, en 2015, los bancos europeos tenían hasta 879.000 millones de euros en deudas impagadas procedentes en gran parte de familias en paro y que, además, fueron y son objeto de acoso por parte de los bancos, lo que repercute en su salud mental.

La nefasta repercusión de la acción de los fondos buitre no se ciñe sólo al ámbito de la vivienda, sino que también entran a saco en el mercado del suelo, lo que encarece el precio de este bien básico y, por añadidura, el de las viviendas.

Por ello, conocida la imposibilidad para millones de personas en este país de acceder hoy a una vivienda en propiedad, por los bajísimos salarios, la inestabilidad del mercado laboral, la ausencia de inversión en vivienda protegida y el disparatado valor de los precios del suelo, FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante que el Ministerio de Fomento financie con dinero público la reforma de pisos destinados al alquiler social que la banca y los fondos y sociedades de inversión se han quedado tras los desahucios a sus propietarios, en lugar de sancionarlos mediante un gravamen por mantener viviendas vacías, problema para el que no se ha sabido encontrar solución. Según datos del Ministerio de Fomento del año 2016, sobre 25,58 millones de viviendas en España, un 4%, es decir, 1,023 millones estarían sin ocupar. Esto sin contar a las citadas anteriormente, en manos de bancos y fondos de inversión. Y algo también preocupante: no existe un registro público accesible sobre el patrimonio inmobiliario de la SAREB (el ´banco malo´).

Las soluciones que se proponen desde el ámbito municipal, el más próximo a la ciudadanía, chocan, las más de las veces, con el bloqueo de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en noviembre de 2017 la tasa que había planeado el Ayuntamiento de Barcelona para penalizar las viviendas sin uso; por su parte, el de Madrid quiere que el Ministerio de Hacienda le autorice a establecer un recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del IBI en aquellas viviendas permanentemente vacías. Situación que se yuxtapone a las dificultades de la ciudadanía para el acceso al alquiler.

Según datos del primer trimestre de este año de un portal inmobiliario, los precios de los alquileres se incrementaron un 18,3% en tasa anual. En abril, volvieron a subir otro 6,2%. En muchas ocasiones, los responsables son los mismos fondos buitre que, tras adquirir los inmuebles, modifican al alza los contratos de arrendamiento, en un contexto de total indefensión por parte de sus inquilinos. Esta situación, junto con la proliferación de pisos para alquileres turísticos, ha hecho del arrendamiento, la única alternativa para miles de españolas y españoles, un recurso inalcanzable.

Ciñéndonos ya a nuestra Región de Murcia, según datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), en el primer trimestre de 2018 el precio del valor tasado de la vivienda libre era de 990,5 euros/m2 (en el cuarto trimestre de 2007 éste era de 1.618,1 euros/m2), muy similar al de la protegida, que con 992,1 euro/m2 apenas ha experimentado variación respecto del precio del valor tasado al inicio de la crisis, que era de 997,4 euros/m2. Pero, pese al descenso experimentado respecto de los precios vigentes en el cuarto trimestre de 2007, la ausencia de inversión en vivienda pública es la norma.

En ese contexto, hay que denunciar, así mismo, el incumplimiento del Gobierno regional, y de ayuntamientos como el de Murcia, del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por el que el Estado pagaría el 50% del alquiler de la vivienda a menores de 35 años y a mayores de 65 a partir de enero de este año, y hasta 10.800 euros para ayudar a jóvenes en la adquisición de vivienda. Contempla también que el Estado y las autonomías asuman el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables, con aportación del 80% del Ministerio y el 20% de las administraciones autonómicas.

Medidas insuficientes, en opinión de la Plataforma de Afectados-as por las Hipotecas (PAH) que, frente a la situación crónica de emergencia habitacional, propugna «quitar la alfombra roja a los especuladores» y legislar en favor de millones de personas afectadas por la crisis y las estafas. Porque la vivienda sigue siendo un bien inaccesible.