Entrevista al abogado de Izquierda Unida. IU se ha personado como acusación popular en 'los papeles de Bárcenas' y 'las grabaciones de Corinna'.
Sato Díaz/Cuarto poder.-IU forma parte de la acusación popular en la causa sobre la ‘caja b’ del PP, ‘los papeles de Bárcenas’, que se dirime en la Audiencia Nacional. Juan Moreno es uno de los abogados que forma parte del equipo jurídico de la coalición izquierdista. Ayer, el que fuera secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, declaraba citado por el juez José De la Mata. Costa denunció haber sido objeto de amenazas desde que hablara, por primera vez ante un juez, de la existencia de esta ‘caja b’ valenciana. Además, señaló directamente a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana y del PP de esta comunidad, como conocedor del sistema de financiación ilegal.
Esta semana, además, IU solicitaba personarse como acusación popular ante el caso de las grabaciones de Corinna que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto. Una semana movida para el equipo jurídico de IU. De todo esto hablamos en cuartopoder.es con Moreno, quien atiende a nuestras preguntas.
– Ricardo Costa aseguraba ayer haber recibido amenazas tras hablar en los tribunales de la ‘caja b’. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la causa?
– Vamos a ver qué recorrido tiene la denuncia. Él ha indicado que tiene nombres de algunas personas que le han amenazado, de momento no lo ha dicho ahí. Luego han tenido una reunión privada el juez y Costa, no sé si le habrá dado nombres ahí y que eso sirva para proteger lo que pueda declarar. A la vez, ha pedido protección, nosotros le hemos apoyado esa protección. No se puede tolerar que una persona que está colaborando con la justicia esté siendo extorsionada como si este fuera un país en el que la mafia está imperando y haciendo a su manera la justicia.
– ¿Es habitual que gente que acude a testificar a un juicio denuncie amenazas? ¿Se ha encontrado con más casos?
– Desde luego, que lo denuncien ante el juez, no. Sí que es habitual que haya extorsiones y amenazas y que surtan efecto. Vemos muchos testigos que tratan de decir lo mínimo, de no colaborar de forma clara, que manifiestan algún tipo de temor en la forma de expresarse. Es normal encontrarse con estos casos, pero lo que no es normal es que se denuncie. Nos parece positivo que se denuncie como forma de poder acabar con este tipo de amenazas y presiones, las personas que quieren colaborar con la justicia tienen que ser libres, es más, tienen la obligación de colaborar con la justicia.
– Costa también señaló ayer directamente a Camps, algo que ya había dejado claro. ¿Esto cambia algo en la causa?
– En la causa que estamos trabajando, la de ‘los papeles de Bárcenas’, la cuestión de Camps no es algo que en principio se vaya a dirimir. Esto es algo que se está investigando en los juzgados de València. Sí que es cierto que todo lo que Costa relató ayer, también lo de Camps, sirve para apuntalar la acusación que estamos sosteniendo: que en la sede de Génova ha habido una conspiración para el cohecho. Se han ido recibiendo unas cantidades de dinero, se han ido apuntando empresarios que en otras comunidades autónomas participaban y luego recibían algún trato de favor.
Vamos construyendo y apuntalando, lo que dijo Costa es que ellos, en la Comunidad Valenciana, tenían una financiación ilegal y que esto lo conocían en Génova. Por otro lado, que hay una serie de empresarios en la ‘caja b’, que aparecen en ‘los papeles de Bárcenas’ que aportaban dinero en València y luego recibían algún tipo de adjudicación. Esto nos sirve para dejar la acusación más clara y poder avanzar en un segundo juicio de la ‘caja b’. El primer juicio iba sobre los delitos fiscales, los contables, y ahora queremos abrir un juicio que tenga que ver con las responsabilidades relacionadas con el cohecho y con la adjudicación de obra pública a cambio de algún tipo de soborno o de mordida.
– Además, Costa hizo referencia a que eran los presidentes regionales del partido quienes asumían las responsabilidades de gestión y administración y que esto se reproducía a nivel estatal. ¿A quién implica, entonces, esta afirmación?
– Realmente, los gerentes del partido son nombrados por Génova y controlados por Luis Bárcenas. Este tenía control, por lo tanto, de todo lo que sucedía en el partido en este sentido a nivel autonómico. No es ninguna sorpresa, el propio Bárcenas, en su declaración en julio del 2013 reconoció que existían ‘cajas b’ en todas las delegaciones regionales del partido. Bárcenas sabía perfectamente que había ‘caja b’ en Galicia, en Castilla-La Mancha o en València. De hecho, una de las cosas que ponía Bárcenas encima de la mesa era el tema de Castilla-La Mancha y Cospedal. Él entrega un dinero al gerente del PP de Castilla-La Mancha para que financie su campaña.
Costa narró cómo cuando llega a la secretaría valenciana, la gerente del PP valenciano había sido puesta por Bárcenas, trabajaba ordinariamente con Bárcenas y conocía perfectamente la mecánica de recibir dinero en efectivo de particulares y empresarios y meterlas en la caja del partido troceado en cantidades menores a las que permitía la ley. En Génova eran perfectamente conscientes de lo que ocurría en cada comunidad autónoma y del fraude al fisco que se llevaba a cabo, eludiendo la normativa de la Ley de Partidos.
– Es en estos papeles en los que aparece ‘M. Rajoy’. Llama la atención que Rajoy, una vez es echado de la Presidencia del Gobierno, deja su acta de diputado y de estar aforado. ¿Parece Rajoy tranquilo en este aspecto?
– No podemos conocer qué es lo que pasa por la cabeza de Rajoy. Es evidente que el aforamiento a nosotros en ningún momento nos ha impedido el poder avanzar y solicitar su imputación. Lo que está claro es que él en esos papeles aparece como cobrador de cantidades, hemos de seguir trabajando. De momento, la responsabilidad es clara de dirigentes del PP en estas relaciones con los empresarios, pero de momento sólo se ha podido determinar en Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. La imputación de Rajoy no se puede descartar porque seguimos la investigación y que, en un momento dado, se dé la citación para la declaración de Rajoy en calidad de imputado.
– Si ayer Costa decía que los presidentes regionales conocían este mecanismo de financiación y que esto tenía correlación a nivel estatal, ¿cierra un poco la investigación en torno a la figura de Rajoy?
– Es para tenerlo en cuenta y valorarlo. Sobre todo, más que sobre Rajoy como presidente del PP, como secretario general. La contabilidad autonómica dependía de la Tesorería que, a su vez, dependía de la Secretaría General. Rajoy fue secretario general, al igual que Ángel Acebes y Álvarez Cascos. El papel de los secretarios generales, también el papel de Cospedal como secretaria general en la etapa final de Bárcenas, queda más en el entredicho. Seguiremos valorando la posibilidad de llamarles a declarar, ya lo hicieron como testigos, a ver si hay algún tipo de cambio.
– En relación a las grabaciones a Corinna. IU se persona como acusación popular. ¿Qué indicios les han llevado a hacerlo?
– Entendemos que, como la mayor parte de la sociedad española, lo que se ha publicado deja entrever la comisión de diferentes delitos. Estamos hablando de obra pública en el extranjero, habría que ver también si en España, en la que el anterior jefe del Estado hubo podido intervenir para que se autorizara una obra u otra, lo que nos llevaría a un delito de negociaciones prohibidas. Estaríamos hablando de fraude a la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, aparentemente también de tráfico de influencias… Una serie de delitos que, sobre la cuestión técnica penal, habría que determinarla aunque a todas luces el ciudadano medio puede entender que son conductas ilícitas y, con el Código Penal en la mano, relevantes.
Primero investigar, en la Audiencia Nacional hay abierta una pieza, investigar esa pieza. Después, cuando el momento sea oportuno y ya tengamos más información y mayores elementos probatorios, no dudaremos en pedir responsabilidades a Juan Carlos de Borbón, esas responsabilidades se tendrán que pedir al Tribunal Supremo, es cierto que hay un aforamiento. No se puede entender que haya inviolabilidad, es cierto que hay un debate de hasta dónde la inviolabilidad alcanza, qué criterios para determinar esa inviolabilidad. La inviolabilidad no le protege en el ámbito de delitos de carácter privado. A nadie se le ocurre pensar que en un Estado democrático y de derecho se pueda amparar, por ejemplo que el jefe del Estado abusase sexualmente de una persona o que otro día, por ejemplo, cogiera una persona y atracase un banco. En este caso, los delitos tendrían que ver con el dinero, con la pasta, y también tiene que responder por la gravedad indudable de los mismos. Se tiene que investigar todo el periodo en el que Juan Carlos de Borbón haya podido cometer delitos en el ámbito particular o privado.
En todo caso, también hay delitos que se pudieron cometer después del 2014. También parece evidente que hoy se siguen cometiendo delitos en el ámbito de la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
– ¿Cómo valora la denuncia que ha presentado contra el comisario Villarejo el director del CNI, Félix Sanz Roldán? ¿Es una guerra entre cloacas del Estado, por llamarlo de alguna manera?
– El CNI en diferentes momentos y sus diferentes responsables han confundido los intereses del Estado con los intereses del jefe del Estado. Aquí, lo que ha hecho el señor Sanz Roldán es participar en una serie de acciones en defensa de los intereses del jefe del Estado y, evidentemente, se ha manchado en una operativa que, luego, él verá cuál es su estrategia de defensa porque podría haber cometido delitos también. No quiero entrar a valorar detenidamente, ni el señor Sanz Roldán ni el comisario Villarejo son de nuestra confianza y entre pillos anda el juego. Es evidente que hay una guerra soterrada entre elementos vinculados a la Policía y a los servicios de inteligencia y que se ha actuado de forma absolutamente irregular.
– Unidos Podemos y otras fuerzas parlamentarias han pedido una comisión de investigación en el Congreso. ¿Ayudaría a la investigación judicial?
– Desde luego comisión de investigación en el Congreso no dificulta la investigación judicial ni viceversa. Son dos maneras de investigar en una democracia. El ámbito judicial es absolutamente imprescindible, pero las responsabilidades políticas también deben ser valoradas en comisión parlamentaria. Se trata de conseguir encontrar la verdad de lo que ha ocurrido en este país. Evidentemente, Juan Carlos de Borbón debe comparecer ante la ciudadanía y ante sus representantes parlamentarios.
