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¿Moción de censura o proceso constituyente? Featured

Pepe Haro

El Tribunal Supremo actúa como si estuviera movido por el dictado de un guion surgido de la colaboración entre El Mundo Today y Gila

El más alto tribunal de un país renuncia a dictar una orden de detención contra un fugitivo, huido al extranjero acusado de graves delitos (entre ellos nada menos que el de rebelión), bajo el estrambótico, cómico y antijurídico argumento de que ser detenido es precisamente lo que pretende, dentro de su estrategia política, el fugado. El ministro de Interior del mismo país asegura, en una exhibición de surrealismo hilarante, que las fuerzas de seguridad van a registrar los maleteros de los coches procedentes del extranjero para evitar que entre aquél (el evadido) al que a toda costa se quiere, presuntamente, detener.

Cuando el Tribunal Supremo, así como el máximo responsable de la seguridad, actúan como si estuvieran movidos por el dictado de un guión surgido de la colaboración entre El Mundo Today y Gila, el Derecho y el sentido común han sido reemplazados por el esperpento y la arbitrariedad. Estamos ante un Estado fallido, un sistema en quiebra moral y política. Que el Consejo de Estado tumbara el recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont, así como que el Tribunal Constitucional eludiera este recurso y señalara la comparecencia del líder independentista en el Parlament, previa autorización del juez, como única condición para su nombramiento como President, no significa que ambas altas instancias profesen la más mínima simpatía por el soberanismo, sino que, simplemente, todavía mantienen algunos escrúpulos en lo tocante a que los ciudadanos poseen derechos políticos, de los cuales es plenamente beneficiario el líder de Junts per Cataluña, como lo evidencia el hecho de que se pudiera presentar a las elecciones y sea diputado electo. Sirva este dato como muestra de la quiebra del Estado de Derecho a la que asistimos en España, donde hay gente en la cárcel acusada de un delito, el de alzamiento violento contra el Estado, que no ha cometido. Como también hay gente que va a pasar tres años en prisión por hacer un rap contra el Jefe del Estado y personas con fuertes multas, en nuestra región, por movilizarse pacíficamente en las vías.

Pero no sólo es el Estado de Derecho el que sucumbe a las políticas de la derecha (política, judicial, económica y mediática) en el poder, prueba de lo cual es la amplia impunidad de que goza la corrupción estructural que emponzoña las instituciones hasta unos niveles sin parangón en una pretendida democracia, sino que también perece a marchas forzadas el Estado Social, la otra pata de la democracia. Efectivamente, el trabajo se ha convertido en mera mercancía desvalorizada y la precariedad se expande como una mancha de aceite por todo el cuerpo social: la gente, aunque trabaja, es pobre. Situación que nos retrotrae a la época anterior al Estado del Bienestar y el Contrato Social, merced a las reformas laborales emprendidas por el bipartidismo que se ha turnado durante décadas en el gobierno. El llamado salario indirecto, es decir, los servicios públicos, fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales, también experimentan un proceso acelerado de degradación. Y en lo tocante a las pensiones, se ha roto el consenso establecido durante la transición en virtud del cual aquéllas subirían, al menos, el valor del IPC, además de que se ha esquilmado, en beneficio de la banca rescatada, la llamada hucha de las pensiones.

Bajo el cuadro descrito, con los dos soportes del Estado democrático carcomidos por una aluminosis ultraconservadora, sorprende que Ciudadanos y PSOE, sobre todo este último tras la victoria de Pedro Sánchez, mantengan su apoyo al PP en los temas esenciales, incluidos aquellos de más que dudosa legalidad constitucional. Se me antoja que rehúyen la moción de censura porque ésta, en las actuales circunstancias, presentaría innegables connotaciones constituyentes. Efectivamente, enmendar a la totalidad las políticas del PP implicaría la recuperación de los derechos políticos, sociales y económicos que el Régimen ha ido minorando hasta desnaturalizarlos. Y ni Albert Rivera ni Sánchez están por la labor de poner en la picota la deriva autoritaria y antisocial de este sistema corrompido y coronado.

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