La dejadez del Gobierno regional (este y anteriores, sin olvidar a la CHS) en el cumplimiento de la normativa europea sobre agua y sobre contaminación por nitratos de origen agrario está en la base de la situación actual del Mar Menor. Daré solo algún detalle: hasta cumplidos cinco años después de la aprobación del decreto de trasposición de la directiva europea de nitratos (1996) el Gobierno regional no reconoció el acuífero del Campo del Cartagena como zona vulnerable a dicha contaminación; se retrasó amplia y continuamente en la aprobación de los Programas de Actuación que debían aplicarse obligatoriamente para revertir los niveles de nitratos y tardó once años en constituir la comisión de seguimiento que debía evaluar la aplicación de dichos programas. A día de hoy sigue sin aprobar, acumulando ya dos años de retraso, el Programa de Actuación que mandata la ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. Podríamos seguir.

López Miras y los Gobiernos del PP se han resistido siempre a abordar de manera efectiva la inaplazable ordenación de la agricultura intensiva en la cuenca del Mar Menor (y no solo ahí). Han derogado las leyes que han escapado a su control (la de 1987 y la de 2018) e inaplicado las propias y ajenas. Es lo que hacen ahora con la 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor.

Acaba de ocurrir con el Reglamento de las Entidades Colaboradoras de la Administración Agrícola para un adecuado control del cumplimiento de las medidas de ordenación agrícola y ganadera previstas en la ley 3/2020, que se ha retrasado un año y no será obligatoria su función inspectora hasta dentro de otro. Una labor inspectora, por cierto, privatizada, contratada por el propio titular de la explotación que, además, es avisado como mínimo siete días antes de que aquella se produzca.

Ocurrió también con la orden que regula las funciones de los operadores agroambientales (quince meses de retraso y no será obligatoria hasta octubre) o el ya mencionado nuevo Programa de Actuación para el control de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, entre otros, que sigue sin aprobar y es de obligada aplicación. El objetivo es mantener la máxima laxitud en la aplicación y control de las medidas de ordenación y gestión agrícola y ganadera, mientras nos distraen con el nivel freático del acuífero y la Rambla del Albujón.