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El PP, “desesperado” tras perder el sueldo su concejala María Turpín, lleva a la fiscalía una factura que el Tribunal de Cuentas da por buena Featured

Desde el equipo de Gobierno aseguran que, después de haber consultado con el departamento Jurídico, están totalmente tranquilos ante estas acusaciones

El ministerio fiscal, en un plazo de quince días, abrirá diligencias previas u optará por archivar la “forzada” denuncia como ha ocurrido en casos similares

Manu Parra/redacción.- El pasado martes, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Cieza acordaba declarar la incompatibilidad de la situación de “dedicación exclusiva” con un sueldo de 27.000 euros de la concejala del PP, María Turpín, con el ejercicio al mismo tiempo de su profesión como procuradora de los tribunales. Un hecho que María Turpín ocultó al pleno y por el que ha percibido más de 30.000 euros durante 15 meses, que ahora tendrá que devolver a las arcas municipales tal como ha determinado la interventora municipal.

Un día después, este miércoles, el PP ciezano, “acorralado y desesperado” al ser “pillado” en una situación de flagrante ilegalidad e irregularidad, “sacaba del cajón” un viejo asunto suficientemente aclarado y presentaba una denuncia en fiscalía contra el alcalde de Cieza, Pascual Lucas, al que acusa de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, y contra el segundo teniente de alcalde y concejal-portavoz de IU-Verdes, Francisco Saorín, por el “supuesto uso irregular de fondos municipales para abonar una valla con publicidad electoral de IU-Verdes”.

Tranquilidad en el Gobierno municipal

El Ejecutivo ciezano ha emitido un comunicado de prensa en el que dice que “ante la publicación aparecida este jueves en un medio de comunicación regional sobre la denuncia del PP a la Fiscalía, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cieza aclara que “la denuncia se presenta justo a la mañana siguiente de que el Pleno del Ayuntamiento de Cieza declarase la incompatibilidad de la coordinadora del grupo municipal del Partido Popular, María Turpín Herrera, “que ha estado ejerciendo el cargo con dedicación exclusiva al 100%, cobrando casi 30.000 euros indebidamente según los técnicos municipales al no ser compatible, por lo que la única finalidad de la denuncia es desviar la atención de este asunto”.

Añade la nota que “hablamos de una factura de 780 € más IVA que ha sido abonada siguiendo el procedimiento establecido. El expediente se ha tramitado igual que se tramitan todos los expedientes del Ayuntamiento de Cieza, con todos los informes necesarios y fiscalizado por todos los órganos competentes. Todos los servicios del Ayuntamiento y todos los grupos municipales de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento tramitan los expedientes de la misma manera, incluido el propio Partido Popular”, afirma.

“Ante las acusaciones del Partido Popular en prensa, hemos consultado a los servicios jurídicos municipales y estamos totalmente tranquilos puesto que nos indican que no hay infracción de ningún tipo. A todo ello hay que añadir que toda la documentación ya se remitió en su día al Tribunal de Cuentas sin que se haya apreciado ninguna irregularidad, e igualmente el expediente está a disposición de cualquier órgano competente judicial o no, que tenga interés en el mismo”, continúa el comunicado de prensa.

“No cabe duda de que la ausencia de alternativa política del Partido Popular en Cieza, y la actual situación de desesperación en que se encuentra, es lo que lo ha llevado a presentar una denuncia en Fiscalía con la única intención de utilizarla políticamente”, concluye el comunicado del Ejecutivo local.

Un viejo asunto debidamente aclarado

A finales del pasado mes de febrero, el PP ciezano pedía explicaciones públicas  al concejal-portavoz de IU-Verdes sobre el presunto pago en el año 2019 de publicidad electoral con cargo a la asignación que, al igual que el resto de grupos municipales, tienen los ecosocialistas.

La respuesta fue inmediata. Así, el 26 de febrero Francisco Saorín, “ante la infundada siembra de dudas del portavoz del PP  Manuel Egea acerca de la utilización de la asignación económica de su grupo” emitía un comunicado de prensa desmintiendo que IU-Verdes hubiera utilizado fondos de la asignación de su grupo municipal para la campaña electoral.

El edil dejaba claro que “la factura de publicidad del grupo municipal de IU-Verdes, a que se refiere el PP de Cieza, fue tramitada por los servicios económicos del Ayuntamiento de Cieza y, tras ser autorizada por la interventora municipal, abonada directamente por el Ayuntamiento a la empresa destinataria, siguiendo el mismo procedimiento que las del resto de grupos municipales, incluido, obviamente, el PP”.

Asimismo, precisaba que “la factura a que se refiere el PP lleva fecha de 30 de abril de 2019, mientras que la campaña electoral de las elecciones municipales de 2019 comenzó el 9 de mayo de ese mismo año. Por tanto, es un gasto previo a la campaña electoral que realiza el grupo municipal de IU-Verdes, no un gasto de campaña electoral”.

Asimismo, recordaba que IU-Verdes no compareció como tal a las elecciones municipales de 2019. Lo hizo formando parte de la coalición electoral “Cambiar la Región” y que el abono de todo el gasto electoral se realizó a través de la cuenta que la ley electoral obliga a tal efecto, siendo posteriormente fiscalizado por el Tribunal de Cuentas”.

Una denuncia con poco recorrido

A partir de la recepción de la denuncia presentada por el PP, El ministerio fiscal, en un plazo de quince días, abrirá diligencias previas u optará por archivar la “forzada” denuncia como ha ocurrido en casos similares.

La redacción de latalaya.org ha constatado que un caso similar sucedió en 2017 en el Ayuntamiento de Lucena, archivando el fiscal la denuncia sobre supuesto uso de fondos municipales para pagar campañas electorales, al apreciar que "los hechos expuestos no constituyen delito de financiación ilegal de partido, toda vez que no cuenta con los requisitos del tipo penal" y concluir que  "para el supuesto que por otra vía se acreditase que las asignaciones han sido destinadas a financiar los gastos de campañas electorales no constituiría ilícito alguno, sino tal vez pudiera constituir una vulneración de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, cuya competencia corresponde al Tribunal de Cuentas".

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