El concejal de Consumo del Ayuntamiento de Cieza, Francisco Saorín, destaca que, con la norma impulsado por el ministro Alberto Garzón, las empresas tendrán que prestar los apoyos necesarios a los consumidores para que puedan comprender correctamente  el contenido de los contratos que firman.

El pasado martes 19 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, a iniciativa del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón y que regula la figura del consumidor vulnerable y “refuerza” la protección de las personas más vulnerables en las relaciones de consumo.

En un comunicado de prensa, el concejal de Consumo del ayuntamiento de Cieza, Francisco Saorín, ha resaltado que el real decreto “amplía las garantías” de los derechos de los consumidores, “especialmente” de las personas en situación de “mayor vulnerabilidad e indefensión” frente a las empresas a la hora de establecer “cualquier tipo de contrato”, entre las que se encuentran los menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad o con dificultades de acceso a la información.

Se trata, según Saorín, de ciudadanos “particularmente expuestos" a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información para los que el Gobierno desarrolla medidas “especiales” de apoyo o asistencia para garantizar que toman las decisiones de consumo acordes con sus intereses.

El real decreto-ley se ampara en el artículo 51.1 de la Constitución Española y se “integra”, a juicio del Concejal de Consumo, en las políticas comunitarias de la UE bajo el amparo de la Nueva Agenda del Consumidor por parte de la Comisión Europea, que diseña las políticas de consumo europeas para el periodo 2020-2025 con una “noción muy amplia” de los derechos de los consumidores y, "especialmente”, de los colectivos más vulnerables y se implanta por primera vez en la normativa española a través de esta figura “específica”.

A su vez, se trata de proporcionar un “soporte jurídico adecuado” a las administraciones públicas para que “promocionen” políticas en defensa de los consumidores y “particularmente, con garantías adicionales” de los consumidores vulnerables, concepto “amplio”, que, según Saorín, “se expande más allá” de la vulnerabilidad vinculada a los factores socioeconómicos.

Asimismo, Saorín ha explicado que se trata de una herramienta llamada a ser “muy importante” en el futuro, pero que, a su entender, “tiene una importancia crucial desde el presente” y permitirá a las administraciones “corregir” situaciones de “indefensión”, que se han visto “agravadas” en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19.

En opinión del edil, el Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realizan en entornos “más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad” y establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, “orientar” las políticas de Consumo hacia estos colectivos de mayor vulnerabilidad.

Así, a partir de ahora, las empresas tienen la responsabilidad de prestar apoyo adicional en la información que facilitan para la toma de decisiones, con el objetivo de que los consumidores vulnerables no vean limitada su accesibilidad y por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación, por parte de las empresas, de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.

Finalmente, el Concejal de Consumo ha indicado que “nadie a lo largo de su vida está exento de sufrir situaciones de vulnerabilidad” ante las empresas y ha advertido de que unas relaciones de consumo “más transparentes, democráticas e igualitarias benefician al conjunto de la sociedad, sean consumidor o empresa”.