María Cano: "Durante años fuimos la única formación política que junto con la organización Ecologistas en Acción Cieza denunciamos la ilegalidad de esas recalificaciones”.
Tras la noticia publicada por un diario regional señalando que los 26 municipios, entre los que se encuentra Cieza, que se acogieron a informes del Ente Público del Agua para sortear los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura y así poder llevar a cabo las recalificaciones urbanísticas, y que están en el punto de mira de la Justicia, María Cano, portavoz de IU-Verdes de Cieza, ha manifestado el apoyo de su formación política a la tesis que sostiene la Fiscalía de la Región en su informe sobre “prevaricación de las recalificaciones no autorizadas por la CHS”. Un informe que, sostiene la portavoz, viene a coincidir en lo sustantivo y a dar la razón a las alegaciones y a las denuncias públicas que durante años realizó IU-Verdes al PGMO de Cieza y a los convenios urbanísticos aprobados por el PP.
Cabe recordar que para sortear (de manera ilegal) los informes negativos que entonces emitió la CHS sobre disponibilidad de recursos hídricos, el entonces alcalde de Cieza, el popular Antonio Tamayo, utilizó, con el visto bueno del gobierno regional del PP, el aval que les daba el Ente Público del Agua. Así, se suscribieron media docena de acuerdos entre el Ayuntamiento de Cieza y el EPA certificando la disponibilidad de agua procedente de la desaladora de Escombreras. Con esos acuerdos, ilegales según tiene ya declarado tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Murcia, se pasaron por alto los informes que emitía la CHS y se dio rienda suelta al “urbanismo a la carta” que presidió la política municipal del PP ciezano.
El Plan General Municipal de Ordenación de Cieza y los convenios urbanísticos firmados con distintas mercantiles estuvieron amparados en esa estrategia ilegal. Una estrategia que IU-Verdes denunció en su día conjuntamente con Ecologistas en Acción, y que hoy puede suponer la ruina del Ayuntamiento.
Esa bancarrota municipal que afecta a varios municipios de la Región y que ha comenzado su andadura en Cieza, tiene, en opinión de María Cano, unos responsables claros en el caso de nuestro municipio: Antonio Tamayo y todos los concejales del PP que aprobaron este disparate urbanístico. “A todos ellos, exigimos además de las responsabilidades penales que ahora intentarán depurar los tribunales de Justicia, la responsabilidad política que conllevaron sus decisiones de entonces”, ha precisado la portavoz.
Hay que recordar que tanto Antonio Tamayo como varios de esos concejales siguen estando al frente del PP ciezano, y lo menos que tenían que hacer es dimitir por la opacidad con la que operaron, por la dejación de las funciones públicas del urbanismo que hicieron, por imponer un "urbanismo a la carta y de maletín" que en definitiva fue el mejor caldo de cultivo para la corrupción y por la ruina económica que finalmente pueden generar a Cieza.
