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La PAH de Cieza se manifiesta sobre el desahucio de una familia en Cieza Featured

Las y los integrantes de la  Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cieza manifiesta su  rechazo a la forma en la que se ha solucionado el desahucio de una familia en Cieza. Considera que la solución a los graves problemas de vivienda en nuestra ciudad no puede depender del impacto mediático que esta situaciones producen. Cree que el derecho a una vivienda digna es un derecho humano y constitucional y debe ser garantizado por las administraciones públicas: estado, autonomía y municipio y gestionado por las mismas y no por organizaciones privadas como Cáritas o la PAH.

De cualquier forma se alegra profundamente de que, al menos, la familia afectada por el desahucio pueda acceder a una vivienda que le permita a llevar una vida digna.

Comunicado de prensa:

“Con relación al proceso de desahucio que, recientemente, se iba a producir en Cieza y que afectaba a la familia de Francisco Javier Cano y Valeria, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cieza desea comunicar lo siguiente.

1.       Los y las integrantes de  esta plataforma desconocíamos  la situación de la familia de Francisco Javier, Valeria y sus tres hijos. De cualquier forma, la PAH de Cieza no interviene en desahucios entre particulares ya que, en muchas ocasiones, ha podido comprobar que las familias propietarias de los pisos necesitan el dinero del alquiler para poder vivir siendo, en algunas ocasiones, el único ingreso que reciben. La situación es diferente cuando las viviendas son propiedad de bancos o fondos de inversión cuyo afán es únicamente especulativo. En estos casos sí que hacemos lo posible para que el desahucio no se lleve a cabo.

2.       Sea cual sea la situación, consideramos que en ningún caso es admisible que una familia con tres menores no disponga de una alternativa habitacional digna, recayendo la responsabilidad de esa injusta e indignante situación en las administraciones municipal y autonómica. Es lamentable que, una vez más, tengamos que recordar a los poderes públicos el artículo 47 de nuestra constitución:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

3.       En las diferentes reuniones que esta plataforma ha mantenido con los servicios sociales de Cieza, se nos ha comunicado repetidamente que carecen de recursos habitacionales disponibles en el municipio de Cieza  y que, actualmente, aunque algunas familias han sido debidamente atendidas,  existe una lista de más de cincuenta familias en espera para poder disponer de una vivienda digna.

 

4.        En Cieza no se construye vivienda pública desde hace más de veintiocho años. La escasez  de este tipo de vivienda en nuestra ciudad es  indignante. Mientras los  responsables de las administraciones municipal y autonómica se “pasan” el problema, y la responsabilidad, unos a otros, los alquileres de vivienda son inalcanzables para un gran número de economías familiares modestas con ingresos que no alcanzan los 1000 € mensuales. En este contexto social no es de extrañar que, con bastante frecuencia, se produzcan situaciones como las que han vivido la familia de Verónica y Francisco Javier, con la salvedad de que esta vez han sido conocidas al acudir los interesados a los medios de comunicación para informar sobre su angustiosa situación.

 

5.       Parece ser que el grave problema de vivienda de esta familia ha sido solucionado satisfactoriamente. Nos alegra profundamente que nuestra administración autonómica esta vez haya dado respuesta de forma rápida y eficaz. Esperamos que esta prontitud y eficiencia continúe y en una o dos semanas las cincuenta familias, durante demasiado tiempo en la lista de espera de  los Servicios Sociales de Cieza, vean recompensada su demostrada paciencia y que puedan ser atendidas como la familia anterior.

Si esto no fuera así, no tendríamos más remedio que creer que sólo se trata de dar respuesta mediática a un problema que, para algunos, únicamente pertenece al ámbito  de la opinión pública y no al artículo 47 de la tan nombrada y defendida Constitución Española.

Por otro lado, el pasado 23 de octubre en un medio de comunicación regional hemos podido leer: “el Gobierno regional de Fernando López Miras va a poner en marcha una nueva batería de ayudas para lograr que ningún ciudadano de la Región tenga que abandonar su vivienda y se vea en la calle por no poder pagar el crédito bancario o el alquiler”. Además, en la página web de la CARM, publicada el 09/11/2018, se nos informa de que la Comunidad Autónoma ha firmado un acuerdo con Cáritas para que  sea esta institución sin ánimo de lucro quien acompañe a la familia en el proceso de gestión de la ayuda extraordinaria para el pago del alquiler, así como la tramitación de la subvención del Plan de Vivienda 2018-2021 o la petición de una vivienda social de la Comunidad Autónoma”, añadiendo “que el acompañamiento de Cáritas contarán con la colaboración tanto del Comunidad Autónoma como de los servicios sociales municipales”.

Desde la PAH Cieza creemos que el proceso de gestión de ayudas, la tramitación de la subvención del Plan de Vivienda y la petición de una vivienda social, deben ser gestionadas por los servicios correspondientes de las administraciones públicas y no puestas en manos de una entidad privada confesional obligando a las familias afectadas a tramitar sus datos personales a través de la misma que, en todo caso, se podría encargar de las tareas de acompañamiento, si las familias afectadas se lo requieren.

Creemos que la solución al problema de vivienda en España pasa por la existencia de una legislación justa que cumpla con el artículo 47 de la constitución. En el Congreso de Diputados, actualmente, pese al voto en contra del PP y de Ciudadanos y la abstención del PNV, se está tramitando la ley de vivienda PAH.

Si leyes de vivienda justas se acompañasen de la construcción masiva de viviendas públicas, para venta y alquiler, a precios no especulativos y, además, se establecieran normativas municipales que obligaran a fondos de inversión inmobiliaria y a bancos a sacar al mercado de alquiler la enorme cantidad de vivienda que permanece cerrada, el grave problema habitacional que afecta a muchísimas familias españolas disminuiría drásticamente y no serían necesarias labores de “acompañamiento” ni de Cáritas ni de las PAH.

Pero, lamentablemente, no es así y vemos como unos partidos intentan bloquear en el Congreso de Diputados la posibilidad de la promulgación de leyes justas de vivienda, mientras en la Región de Murcia muestran su preocupación e intentan solucionar el problema, que ellos mismos han generado, a base de subvenciones y acuerdos con organizaciones caritativas.

Por otro lado, en Cieza, un gobierno municipal que ha firmado la declaración de su municipio libre de desahucios es incapaz de evitar que una familia, que se sepa, duerma en la calle. Si esto no ha ocurrido es porque los medios de comunicación han divulgado la lamentable situación en la que esta familia se encontraba y esta noticia ha movilizado a la administración autonómica. “

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Entrevista a Nerea Martínez y Francisco Saorín

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