Para el partido morado, que tiene dos concejales en el gobierno municipal, el suministro público de agua potable "no debería ser objeto de negocio por parte de las empresas que, apoyándose en su poder y en la falta de control público no hacen más que subir los recibos del agua a los usuarios".
En una nota de prensa, Podemos de Cieza considera que la oleada de privatizaciones de los servicios municipales públicos de los años 90 "fue alentada por intereses de grupos empresariales muy poderosos y el afán de enriquecimiento de nuestra casta y vieja política". Explica que esta situación evolucionó gracias a las modificaciones legales necesarias de las que "se aprovecharon principalmente tres empresas de renombre, dos constructoras y la que nos ha tocado en suerte a los ciezanos, AGBAR, que pertenece a un holding francés. La forma de que no nos enteremos de la existencia de este oligopolio ha sido la de atomizar las empresas por municipios y cambiar el nombre de estas; así, en Cieza, la empresa en cuestión es Aguas de Cieza. Realmente esta empresa consta como de capital mixto, lo que significa que los ciezanos somos propietarios del 51% de las acciones y esto nos da cierto control, aparente, en el consejo de administración que lo componen miembros de la empresa y representantes designados por los grupos políticos municipales".
Detalla Podemos en su escrito que el recibo del agua incluye varios conceptos, pero centrándonos en la distribución de agua potable, encontramos la cuota fija y el consumo que se aplica por tramos. "La cuota fija se ha casi duplicado desde el año 2010. Con la excusa de realizar obras necesarias, pero que quizás podrían estar ya amortizadas, subió de 8,13 euros a 11,13 sin que la revisión a la baja se haya producido; por el contrario, sufrimos otra subida en el año 2013 de los 11,13 a los 15,64 euros. Al consumo se le aplica un beneficio como si no se tratase de una necesidad vital, esto sucede por estar entendiendo que el agua potable es una mercancía más de precio privado. Tenemos que entender que el funcionamiento de la empresa y las obras que se realizan para el buen funcionamiento del servicio se deben conseguir del cobro de la factura".
En Podemos creen que "un elemento básico para la vida, como es el agua potable, y que además no se puede conseguir por otro sitio que contratando con Aguas de Cieza, se debe considerar una tasa, es decir, un tributo público independientemente de la forma de gestión que adopte el ayuntamiento. Pero no sólo lo creemos nosotros, la sentencia del Tribunal Supremo número 5037/2015 del 23/11/2015 y otra idéntica del día 24 basadas en otras dos sentencias del TS del año 2009 crean jurisprudencia y puede dejar a la empresa en situación de riesgo inminente de ser acusada de un delito de prevaricación con otro de malversación de fondos públicos".
En esta situación, dicen desde Podemos, cualquier ciezano se puede preguntar qué ventajas tiene para él pagar el suministro de agua como una tasa. "Éstas son que el precio del agua se establecería sin los sobrecostes de beneficios empresariales, control del censo de usuarios para que no existan personas que por razones más o menos oscuras o amiguismo no pagan el recibo del agua y, finalmente, se evitan los cortes de suministro por no poder pagar el recibo por problemas económicos derivados de la crisis o factores personales y el posterior pago del enganche".
"Pero, sobre todo, el que los ciezanos, que somos propietarios del 51% de la empresa del servicio del agua, no nos veamos involucrados en otro lío judicial que nos cueste una millonada como en los últimos años nos ha pasado (no olvidemos el Parque Príncipe de Asturias, los terrenos de Migaseca, etc...)".
Podemos Cieza apuesta "por el cumplimiento de la legalidad y por unos servicios públicos sin sobrecostes, e instamos al resto de grupos políticos con representación en consejo de administración de Aguas de Cieza a hacer valer su voto por el bienestar de los ciezanos, que ya pagan demasiado por lo que reciben, y de los trabajadores de la empresa, que no deben padecer inestabilidad por intereses políticos ocultos".
