Su portavoz de educación en Cieza pide la “reversión de los recortes, la supresión progresiva de los conciertos y la estabilidad del profesorado”.
IU-Verdes de Cieza, a través de su portavoz de educación, reclama a la ministra del ramo, Isabel Celaá, que “apueste claramente por la educación pública mediante la reversión de los graves recortes impuestos en los últimos años, la moratoria y supresión progresiva de los conciertos educativos, la laicidad en las aulas, la estabilidad del profesorado interino, así como con un compromiso de financiación estable”.
En un comunicado de prensa, José Monteagudo, responsable local de este área, incide en que “desde IU compartimos las exigencias que la comunidad educativa, las organizaciones sociales y sindicales, así como padres, madres y estudiantes hacen al nuevo equipo del Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre la necesidad de medidas urgentes que restituyan la inclusión, la democracia y la equidad en el sistema educativo”.
Monteagudo detalla, en primer lugar, la “imprescindible necesidad de dar la vuelta a esos graves recortes sufridos tan largamente a partir de sucesivas políticas neoliberales y conservadoras que han obviado la inversión en servicios públicos básicos. Para ello, este Gobierno debe mostrar que respalda realmente la educación pública consolidando un compromiso de financiación estable al menos similar a la media de la UE15, es decir, del 6,2% del PIB”.
“No es permisible -detalla- que por la vía de los hechos consumados o de la inacción se reduzca el presupuesto educativo hasta el 3,7 % del PIB, tal como se comprometió el anterior Gobierno del PP con Bruselas y para ello dejó asentadas las vías en los Presupuestos Generales del Estado”.
IU-Verdes considera que “el Gobierno del PSOE debe atender las demandas para blindar la financiación de la educación pública con un suelo similar a esa media europea del 6,2% del PIB y, a partir de ahí, avanzar en los próximos años hacia un porcentaje que nos ponga a la cabeza de la UE en inversión educativa, en vez de estar a la cabeza europea en fracaso escolar, precariedad laboral y corrupción”.
Asimismo, subraya que “debe revertirse también la financiación pública de los centros privados. Se han detraído múltiples recursos públicos destinados a garantizar el derecho universal a la educación común en igualdad de condiciones para financiar opciones privadas. El que quiera educación privada que se la pague”.
Explica que Isabel Celaá debe impulsar “medidas efectivas para que España deje de ser también una anomalía en la UE en este sentido, ya que soportamos un porcentaje de conciertos por encima del 30%, que en algunas grandes capitales supera el 50%, la mayor parte con centros controlados por la jerarquía católica que llegan, incluso, a segregar al alumnado por sexos”.
El responsable de IU-Verdes apunta que la prioridad en las actuaciones incluye “garantizar el derecho de niños y niñas a una educación que respete la libertad de conciencia y eduque sin dogmas. Para ello son necesarias medidas concretas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar y los actos y la simbología religiosa fuera de los espacios públicos educativos. Sánchez debe cumplir con su compromiso largamente anunciado de derogar los acuerdos con el Vaticano, heredados del tardofranquismo”.
Para IU-Verdes, también resulta “urgente y necesario” que se establezcan las medidas que “concreten el pacto ya acordado con los representantes del profesorado para reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes, sin sobrepasar los límites máximos establecidos de forma general para la función pública (8%) y dando estabilidad a las plantillas para que los proyectos educativos, que son a largo plazo, puedan mantenerse a lo largo del tiempo y poder consolidar las mejoras”.
Finalmente, Monteagudo ha declarado que considera que junto a todas estas medidas “cuya aplicación se debería emprender en el próximo curso, desde Izquierda Unida nos unimos también a la comunidad educativa para exigir que se derogue la LOMCE y se logre un amplio acuerdo social y político en torno a una ley educativa consensuada que dé estabilidad al sistema educativo durante generaciones. Un buen principio sería partir del ‘Documento de Bases para una nueva ley de educación. Acuerdo social y político' que ha logrado un acuerdo entre la comunidad educativa, las organizaciones sociales, de padres y madres, políticas, sindicales y de estudiantes que forman ‘Redes por otra política educativa’.
