Esta, conjuntamente con “la necesidad de acuerdos amplios para luchar contra la privatización de la gestión del agua”, fueron las principales conclusiones de la conferencia “Los problemas de la privatización del agua”, ofrecida por el ingeniero Enrique Ortega de Miguel.

Este martes, organizada por IU-Verdes de Cieza, dentro del ciclo “Los debates de la primavera”, tenía lugar la conferencia “Los problemas de la privatización del agua: Experiencias desde el Canal  Isabel II” ofrecida por el ingeniero Enrique Ortega de Miguel,  miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal Isabel II y de la coordinadora de la Red de Agua Pública (RAP).

El conferenciante, presentado por la activista en temas medioambientales de IU-Verdes de Cieza, María Cano, como “un técnico con amplia experiencia y formación en temas de agua”, comenzó señalando como un hito “el acuerdo social por el agua” porque supone un importante “movimiento por la remunicipalización del agua” y porque “ha sumado al mismo al movimiento ecologista”.

Seguidamente, Ortega de Miguel entró en lo que ha supuesto la privatización de la gestión del agua, desmontando “el mito” de que la gestión privada es mejor que la pública y de la supuesta mejor capacidad técnica y financiera de ésta, aduciendo la corriente por la privatización a “intereses políticos bastardos”, como se ha demostrado en el Canal Isabel II, que ha llevado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la cárcel e insistiendo en que “la privatización de la gestión municipal del agua supone peor servicio y más caro” y en que “siempre que hay un proceso de privatización hay opacidad y mentiras”.

Defendió el “pacto social por el agua” como nuevo modelo de gestión,  con la inclusión del derecho humano al agua, el apoyo a la gestión pública desde un nuevo modelo diferente, sin ánimo de lucro, participativo, transparente y sensible ecológicamente, la eliminación de los cánones municipales y la eliminación de legislaciones de austeridad que impiden a los ayuntamientos poder gestionar servicios públicos de hecho.

Además, desveló que el Tribunal de Cuentas, en un informe emitido en 2012 sobre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, confirma unos sobreprecios del 22% en aquellos municipios en los que está privatizada la gestión, un 35% menos de inversiones, una gran opacidad y el daño que se hace a la economía local.

Finalizó su disertación planteando como alternativas a la privatización de la gestión del agua, la remunicipalización cuando se está a la finalización del contrato y, donde no sea posible hacerlo antes por el excesivo coste, el control riguroso del cumplimiento de las condiciones contractuales.