Su portavoz de Economía en Cieza considera “muy preocupante” que “sea la tercera vez en los últimos cinco años” en la que cae este tipo de recaudación, lo que “demuestra el fracaso del Gobierno del PP en una cuestión tan importante”.

La recaudación por lucha contra el fraude fiscal ascendió en 2017 a 14.792 millones de euros, un resultado ligeramente inferior (0,61%) al de un año antes.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda recuerda que por cada euro que ingresa la AEAT en su lucha contra el fraude quedan casi cinco pendientes de cobro e insiste en la necesidad de articular un plan "realista y eficiente" de lucha contra el fraude fiscal, con el que, de acuerdo a sus estimaciones, podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que asciende la economía sumergida en España.

En un comunicado de prensa, el portavoz de Economía de IU-Verdes de Cieza, Andrés Villa, ha advertido de la necesidad de que el ministro  de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, detalle “las causas de la caída en la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal en 2017 y las medidas que van a tomarse para revertir esta situación”.

Andrés Villa considera “muy preocupante” que “sea la tercera vez en los últimos cinco años” en la que cae este tipo de recaudación, algo que “demuestra el fracaso del Gobierno del PP en una cuestión tan importante”.

El portavoz de IU-Verdes de Cieza destaca también que en este asunto “se ocultan cuestiones muy relevantes”, como algunas que apunta el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) en el sentido de que “el año pasado las directrices fueron las de investigar a más contribuyentes que en otros ejercicios, pero el resultado ha sido descubrir una deuda defraudada menor. Esto se debe, principalmente, a que se actúa sobre declarantes individuales y empresas más modestos, dejando a un lado a los posibles grandes defraudadores”.

Andrés Villa considera “muy significativo” que la persecución del fraude fiscal en nuestro país “se tenga que hacer soportando indicaciones y estrategias previas decididas por el Gobierno del PP que en nada ayudan a ello”.

Para ilustrarlo, ha puesto como ejemplo que a la hora de intentar detectar aquellos fraudes superiores a los 120.000 euros -el límite para que haya delito fiscal- “hay que hacer frente primero y soportar que los máximos responsables de Hacienda decidieron previamente adscribir al 80% de la plantilla a controlar sólo a particulares, autónomos, microempresas y pymes, mientras que sólo el 20% se dedica a investigar a multinacionales o a las grandes fortunas”.