Según el Ministerio Fiscal, Antonio Tamayo falsificó un plano para ocultar que una parcela de una hermana de la concejala de Urbanismo se incluyó en la recalificación de terrenos del convenio urbanístico ‘Golf Benís’. La denuncia inicial fue presentada ante la fiscalía por los exconcejales de IU, José María Rodríguez y Manuel Martínez.

El Juicio de Conformidad por el Caso Benís, paso previo a la apertura de Juicio Oral, ha concluido en la Audiencia Provincial de Murcia en la mañana de este viernes 22 de septiembre sin acuerdo entre las partes. Al mismo, ha acudido el acusado Antonio Tamayo, exalcalde de Cieza (PP) acompañado de su abogado. Con Tamayo también han estado presentes, asimismo en calidad de acusados, el secretario municipal, Bartolomé Buendía, el arquitecto del Ayuntamiento, Juan Buitrago, y el promotor urbanístico Renán Teresa.

Todos ellos están acusados de falsificar los planos del convenio urbanístico Golf Benís, con el aparente fin de ocultar que 230.000 metros cuadrados de suelo rústico pertenecientes a una hermana de la entonces edil de Urbanismo, Concepción Marín-Blázquez, habían sido incluidos en 2004 en una recalificación para construir un resort de 5.287 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel de 340 habitaciones.

Los hechos se remontan a principios de 2005, cuando los concejales de la oposición comenzaron a escuchar rumores de que unas “lengüetas” de tierra pertenecientes a la hermana de la concejala de Urbanismo (nuera del entonces alcalde Antonio Tamayo) habían sido incluidas en el convenio urbanístico Golf Benís, por lo que comenzaron a solicitar formalmente al Ayuntamiento diversa información.

La denuncia inicial fue presentada ante la fiscalía por los exconcejales de IU, José María Rodríguez y Manuel Martínez, el 6 de marzo de 2006, y las primeras diligencias se abrieron el 8 de mayo del mismo año, tras descubrir estos que en el expediente municipal que servía para tramitar la citada urbanización se habían incorporado unos terrenos que eran propiedad de la hermana de la entonces concejala de Urbanismo, Concepción Marín-Blázquez. Cuando los ediles de IU reclamaron la información oficial para tratar de comprobar en qué circunstancia se habían recalificado esas parcelas, los acusados habrían procedido a sustituir un plano por otro, presuntamente falsificado, con la aparente voluntad de ocultar que la recalificación de terrenos contenida en el convenio urbanístico beneficiaba a la hermana del responsable de Urbanismo.

Lejos de actuar con la obligada transparencia, “y con el fin de evitar el escándalo mediático del 'Convenio Benís' y para tratar de desmentir a la oposición”, según relata el fiscal en su escrito de calificación, los acusados habrían procedido “a extraer del expediente urbanístico el plano llamado de Situación y Emplazamiento de Golf Benís”.

Seguidamente, “los acusados Antonio Tamayo (alcalde), y Bartolomé Buendía (secretario municipal) y el promotor Renán Teresa se concertaron ilícitamente para firmar un plano mendaz, en el que desaparecían intencionadamente las 'lengüetas', primero aparentemente solo con dos firmas ilegibles y luego ya con las firmas reconocibles de los tres acusados”. En esta presunta falsificación habría colaborado el arquitecto municipal, Juan Buitrago, “mediante la impresión del citado plano, pese a ser conocedor de su falta de correspondencia alguna con el plano del que él informó en el 'Convenio Benís', y su falta de inadecuación técnica al carecer de autor y de escala”.

Entre los indicios de delito que menciona el Ministerio Fiscal figura  el hecho insólito de que existían en el Ayuntamiento de Cieza dos expedientes urbanísticos diferentes sobre la misma urbanización, “lo cual es imposible”, y que en apariencia se procedió a sustituir un plano en el que aparecían en el convenio urbanístico los terrenos de la hermana del concejala incluidos por otro, presuntamente falsificado y elaborado con la finalidad aparente de engañar a los concejales de IU y a la opinión pública, en el que se habían suprimido esas parcelas.

Un “mapa”, este último, que supuestamente proporcionó el propio promotor de la urbanización y que aparecía firmado por el entonces alcalde Antonio Tamayo, el secretario municipal y el promotor “sin la más mínima de las formalidades necesarias”. Así, sostiene el fiscal que “la firma del plano fue anómala dado que no se firmó en unidad de acto, sino que se firmó por el Alcalde en su domicilio pese a estar supuestamente en baja no acreditada, después por el Secretario y finalmente por el promotor”.

En otro momento del escrito de acusación, afirma el fiscal que “Dicho plano mendaz se firmó al menos dos veces, coexistiendo en dos expedientes… No consta la existencia ni de la supuesta solicitud de certificación que presentó el promotor Renan Teresa ante el Ayuntamiento de Cieza que se argumentó como excusa para la firma del plano, ni la expedición de copia certificada que octuvo el promotor Renán Teresa del Sector Benís”.

Finalmente, la fiscalía argumenta que “A fin de aparentar la legalidad del plano mendaz de Benís, se aportó a los autos un sorpresivo plano del Convenio Casa del Olmo con el mismo formato que el de Benís, y con la firma del Alcalde, Secretario y Promotor Renán Teresa, como coartada sobrevenida a partir de la instrucción judicial y nunca antes mencionada”.

Petición de penas del Ministerio Fiscal

El fiscal ha solicitado tres años y medio de prisión, una multa de 11.250 euros e inhabilitación de cinco años para desempeñar un cargo o empleo público para el exalcalde del PP de Cieza Antonio Tamayo por un caso de corrupción urbanística.

Con Tamayo está acusados también como autor del delito, el secretario municipal, Bartolomé Buendía, para el que el Ministerio Fiscal pide las máximas penas de todos los encausados, cinco años y medio de prisión 15 meses de multa a razón de 25 euros de cuota diaria y seis años y medio de inhabilitación especial de empleo o cargo público, con incapacidad de obtener un nombramiento para cargo análogo durante el tiempo de condena.

Asimismo, pesa petición por el mismo delito de una pena de dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de trescientos euros diarios y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, oficio, industria o comercio con relación a la actividad que desarrolla como administrador o apoderado de sociedad mercantil para el promotor Renán Teresa.

Por último, para el arquitecto municipal, por el delito de colaborador necesario, el fiscal pide la pena de tres años y tres meses de prisión a razón de veinte euros de cuota diaria y cuatro años de suspensión de empleo o cargo público con incapacidad de obtener un nombramiento para cargo análogo durante el tiempo de la condena.

La acusación popular

Por su parte, la acusación popular que ejercen los exconcejales de IU, José María Rodríguez y Manuel Martínez,  al considerar la existencia de delito continuado, eleva la petición de pena para el exalcalde de Cieza a cinco años y seis meses de prisión, 20 meses de multa, a razón de veinticinco euros de cuota diaria, y seis años de inhabilitación especial en los mismos términos del escrito del Ministerio Fiscal. Asimismo, por el delito de prevaricación continuada, diez años de inhabilitación especial para cualquier cargo o empleo público, electivo o no, que conlleve facultades ejecutivas o resolutivas.

Para Bartolomé Buendía, por el delito de falsificación continuada de documento público, cinco años y seis meses de prisión, veinte meses de multa, a razón de veinticinco euros de cuota diaria, y seis años de inhabilitación especial en los mismos términos del escrito del Ministerio Fiscal para el cargo o empleo público de secretario municipal que implique funciones de fedatario o que suponga asesoramiento jurídico; y por el delito de prevaricación continuada diez años de inhabilitación especial para cualquier cargo o empleo público que implique funciones de fedatario o que suponga asesoramiento jurídico.

Por su parte, para el promotor Renán Teresa, por el delito de falsificación de documento público, las penas de cinco años y seis meses de prisión, veinte meses de multa, en la misma cuantía solicitada por el Ministerio fiscal, y 6 años de inhabilitación especial en los mismos términos que el Ministerio público. Subsidiariamente, tres años de prisión, ocho meses de multa, en la misma cuantía que el Ministerio Fiscal, y tres años de inhabilitación en los términos del escrito del Fiscal. Subsidiariamente a todo lo anterior, a su vez, dos años y tres meses de prisión y doce12 meses de multa en las cuantías ya indicadas.

Finalmente, para el arquitecto municipal la acusación particular rebaja las penas a un año y siete meses de prisión, siete meses de multa y trece meses de inhabilitación especial en los términos del escrito del Fiscal.

Además, se pide que los acusados sean “condenados al pago de las costas de este proceso, en especial las de esta acusación particular. Subsidiariamente, de esta acusación popular”.